Indisciplina de asambleístas marcó juicio político al Súper de Compañías

El juicio político por supuesto incumplimiento de funciones en contra del superintendente de Compañías, Víctor Anchundia, estuvo marcado por actos de indisciplina de los legisladores en la sesión 750 del Pleno, este miércoles 8 de diciembre de 2021.

El vicepresidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela (Ind.), reprendió a los asambleístas y les ordenó que “dejen de conversar” y retornen a sus curules, cuando Anchundia ejercía su derecho a la defensa frente a la interpelación.

Saquicela exigió a los asambleístas que respeten al funcionario, mientras este intervenía mediante videoconferencia. Como sus llamados al orden parecieron no dar resultados, dispuso constatar el quórum. En cuestión de dos minutos el número de asambleístas que registró en la sesión pasó de 65 a 120 en modalidad presencial y virtual.

En su intervención, Anchundia mencionó que se desempeñó como Intendente de Compañías desde 2011 a 2018 y que luego asumió como titular.

El funcionario refutó a los asambleístas Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Luis Almeida (PSC), quienes pidieron al Pleno que sea destituido por supuestamente haber incumplido con sus funciones de control al mercado de valores en el caso que provocó una millonaria estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol)).

“La Superintendencia de Compañías no controla a Isspol”, insistió varias veces y precisó que esa es una responsabilidad de la Superintendencia de Bancos.

Sin embargo, aseguró que todas las acciones de la Fiscalía para sancionar y disolver compañías del mercado de valores por el caso Isspol se han dado con información proporcionada por la Superintendencia a su cargo, que sí vigila a esas empresas.

Aseveró que en este caso se detectó un mercado de valores paralelo, por fuera del control de las autoridades, lo que estalló en agosto de 2020.

Sin embargo, Vanegas y Almeida lo responsabilizaron de no haber actuado en la estafa al Isspol por operaciones bursátiles fraudulentas por el orden de los USD 990 millones, perjudicando a 97 000 familias de policías.

Vanegas aseveró que la falta de control de la Superintendencia de Compañías se detectó desde el 2014.

Para una posible censura y destitución de Anchundia, se requerían de 70 votos en el Pleno. Al cierre de esta nota la sesión continuaba, pero las bancadas tuvieron un preacuerdo para votar a favor, sin un debate.

En la víspera, el Pleno sesionó para debatir el caso Pandora Papers. Durante esta jornada, los asambleístas de Pachakutik, Mario Ruiz y Rafael Lucero, tuvieron una acalorada discusión en el hemiciclo, al punto que otros legisladores debieron contenerlos para evitar agresiones entre ambos.