Procuraduría busca ahorro en reducción de demandas

Un proyecto de cambios y renovaciones en la Procuraduría General del Estado se desarrollará desde 2022. Para ese propósito, se firmó en Carondelet un acuerdo de implementación de un nuevo modelo de gestión.

El presidente de la República suscribió el acuerdo como testigo de honor, mientras que autoridades del Estado firmaron como aliados clave, este 23 de noviembre de 2021.

La propuesta consiste en un nuevo modelo de gestión del ente con cambios en estructura, que permitirán mejoras en los procesos y ahorro de dinero en gestión.

Según la propuesta orgánica del proyecto se creará un Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dirigido por la Procuraduría. Un mecanismo de coordinación de las entidades vinculadas a este campo de acción. Este tiene dos actores fundamentales el Cuerpo de procuradores y la Escuela de procuradores.

El Cuerpo estará conformado por los servicios legales del organismo y los de todas las entidades públicas de la administración central y, además, de los gobiernos autónomos descentralizados. Su enfoque de trabajo será preventivo con énfasis en la solución de conflictos para evitar que lleguen a instancias judiciales. Esto permitiría disminuir la conflictividad judicial del Estado, reducir el riesgo fiscal e incrementar la seguridad jurídica y cultura de paz.

“Este esquema hará necesarias ciertas modificaciones en el orgánico funcional de la Procuraduría, las cuales se resumen fundamentalmente en la creación de dos subprocuradurías adicionales a la actual (…) y la de dos direcciones regionales adicionales”, indicó Íñigo Salvador, procurador general.

En total existirán tres subprocuradurías encargadas del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado: de representación y patrocinio; de asesoramiento y control de la legalidad, y de gestión del conocimiento. La primera de ellas será regida por el Subprocurador General del Estado. Y se pasará de cinco a siete direcciones regionales, incluyendo la matriz en Quito.

Con este plan buscan una reducción en la conflictividad de contiendas o demandas que debe atender el Estado. Así como la capacitación del personal tanto del organismo como de los equipos jurídicos de las instituciones estatales.

Para el presidente de la República, Guillermo Lasso, uno de los objetivos fundamentales es “consolidar el estado de derecho de la sociedad ecuatoriana”.

“El éxito de este programa requiere de la estabilidad de los funcionarios a cargo de la Procuraduría”. Para el fortalecimiento institucional, “tenemos que respetar los periodos independientemente de nuestras visiones”, señaló el Mandatario, y expresó su apoyo al actual Procurador.

Además, indicó, que el proyecto apuesta a la prevención “para que las autoridades del sector actúen de acuerdo a derecho y eviten miles de demandas al país (…) y con ello ahorrar miles de millones de dólares que finalmente lo pagamos todos los ecuatorianos”.

Entre 2018 y 2021, la Procuraduría ha gastado en defensa del Estado, un promedio de USD 220 millones por año. En la nueva propuesta se pretende invertir USD 6 millones anuales.

Y se cuenta con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que otorgó al Ecuador por USD 5 millones para el proyecto. Este inició en 2019 y concluirá en 2023.

El representante en Ecuador de dicha entidad, Juan Carlos de la Oz, considera que “un gran pilar (de la iniciativa) es el fortalecimiento institucional y la capacidad de sostenibilidad fiscal”. Este programa “creará un entorno que facilitará las inversiones, mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones y que generará un ahorro de recursos fiscales en un momento de desarrollo después de la pandemia”.

Según Salvador, el proyecto nace como respuesta a la necesidad de “evitar que el Ecuador malgaste sus recursos en costosos litigios en los que tiene iguales probabilidades de ganar o perder”.

Se pretende, dice, dotar de herramientas a la institución para que gane el mayor número de juicios posibles, “que el Estado reciba el menor número de demandas y que de ellas gane las más”.

El acuerdo de implementación del nuevo modelo de gestión de la Procuraduría fue firmado por los aliados clave del proyecto: el representante del BID en Ecuador, el Contralor subrogante y los Ministros de las carteras de Trabajo, de Economía y de Telecomunicaciones. También lo hicieron el Consejo de la Judicatura y los presidentes del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales (Congope) y la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).