100 días de decisiones contundentes

La administración liderada por Daniel Noboa ha alcanzado su hito de los primeros 100 días en el cargo. Uno de los aspectos más destacados de este período ha sido la atención prioritaria a la seguridad. Después de incidentes preocupantes, como los sucesos en TC televisión, el constante aumento de la violencia homicida, y la prevalencia del crimen organizado en todo el territorio nacional, se volvió imperativo tomar medidas decisivas.

Pocos días después de iniciar su mandato, Daniel Noboa implementó el estado de excepción a nivel nacional y, de manera significativa, anunció el reconocimiento del conflicto armado interno. Estas acciones desencadenaron una respuesta completa y sin precedentes, facilitando la coordinación entre las fuerzas militares y policiales para restaurar la paz pública y proteger la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, se instruyó a las Fuerzas Armadas para llevar a cabo operaciones militares, en estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario y garantizando los derechos humanos, con el propósito de neutralizar a los individuos que ahora se denominan de manera adecuada como terroristas.

Día tras día, con jornadas de trabajo intensas y arriesgadas, con operativos simultáneos en todo el territorio nacional, los miembros de las fuerzas del orden desplegaron sus recursos para cumplir con esta misión.

Pronto se evidenciaron los resultados. Las historias cotidianas de la ciudadanía sobre la delincuencia fueron reemplazadas por relatos de los operativos presenciados y los criminales capturados. La población comenzó a percibir un cambio, una transformación en el Ecuador.

No se trata solo de percepción, sino de hechos sustentados en datos reales: 

• Reducción de las muertes violentas diarias, pasando de un promedio de 27.8 a 11.6 después de la implementación del decreto de conflicto armado interno.  Comparado con el mismo periodo enero - febrero 2023, la disminución es del 18 %, lo que equivale a 165 muertes violentas menos.

• En tiempo récord, se logró destruir 32.95 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización, marcando un incremento del 160 % en comparación con el mismo período de 2023. Este logro incluye el decomiso de 21.5 toneladas, siendo el mayor cargamento de clorhidrato de cocaína incautado en Vinces, provincia de Los Ríos.

• Más de 132.000 operativos en todo el país, una cifra histórica que evidencia las acciones emprendidas por las entidades de seguridad. Además, 179 operaciones se han desplegado contra grupos terroristas. 

Estos datos se agregan al despliegue militar y policial en todos los rincones del país, incluso en las cárceles que anteriormente estaban abandonadas y ahora son objeto de intervenciones continuas para garantizar su seguridad.

El Plan Fénix, que coordina todas estas acciones, sigue en curso. La seguridad no se limita únicamente a la represión, sino que también implica previsión, control y aspectos económicos como la creación de empleo, que sigue siendo crucial para superar la crisis que enfrenta la nación.

Se cumplen completamente los objetivos de combatir el narcoterrorismo, la segmentación de cárceles y la implementación de cárceles de máxima seguridad, las cuales estarán operativas en los próximos meses. Además, se incluye el control de fronteras mediante radares y drones en alta mar. El equipo necesario para llevar a cabo parte de este plan llegará al país en los próximos meses, lo que resultará en una mayor seguridad, tecnología y control por parte del Estado.

Los progresos en el "Nuevo Ecuador" son notables, pero este es solo el comienzo. Se requieren reformas estructurales para implementar soluciones sólidas y efectivas en el país. Para ello, el presidente está liderando una consulta popular que buscará alcanzar este objetivo. Las preguntas planteadas en esta consulta nos permitirán abordar la lucha contra la delincuencia organizada mediante la extradición, fortalecer la intervención de las Fuerzas Armadas y mejorar los controles en las cárceles.

También se busca mejorar el sistema de justicia para imponer penas más severas a los condenados por crimen organizado, transferir sus activos ilícitos al Estado y asegurar que cumplan íntegramente sus condenas, evitando así la impunidad.