17 deducciones y beneficios anularía la reforma tributaria

El proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del covid-19 prevé eliminar unas 17 exenciones y deducciones de impuestos dirigidas a empresas.

Esta posibilidad genera diferentes posturas por parte del sector empresarial y expertos tributarios.

Estos 17 beneficios, que están incluidos en las leyes de Fomento Productivo y de Régimen Tributario Interno, fueron establecidos, en su mayoría, en gobiernos anteriores con el objetivo de potenciar la promoción y atracción de inversiones.

Uno de los fines del actual Gobierno, con esta supresión, es bajar el gasto tributario del país que hasta 2020 llegó a USD4861 millones, según el Servicio de Rentas Internas (SRI). Además de incrementar los ingresos del Fisco.

El gasto tributario son los recursos que el Estado, en todos los niveles de gobierno, deja de percibir debido a las deducciones y exenciones de tributos.

En el país existen al menos 180 beneficios tributarios para empresas y personas naturales, según el Manual de Gasto Tributario 2020, que tiene datos con corte a septiembre de este año.

Por ejemplo, en el nuevo proyecto de ley, se prescinde de la exoneración del pago del Impuesto a la Renta (IR) para nuevas inversiones en sectores priorizados o en industrias básicas.

Así mismo, de la exención del pago de este tributo para microempresas que generen empleo, para proyectos en asociación público-privada y para la fusión de entidades del sector financiero popular y solidario.

En el caso de la exoneración del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) se quita este beneficio para las sociedades que reinviertan desde el 50% de las utilidades en nuevos activos productivos.

Si bien el proyecto de ley suprime beneficios, también establece otros como la eliminación de tres puntos del IR por 15 años para nuevas inversiones y de cinco puntos si es que tienen contrato de inversión y dictamen previo del Ministerio de Finanzas.

Según el analista tributario Hernán Sánchez, la decisión de prescindir de esta serie de beneficios es que estos no generaron el impacto esperado. Cita, por ejemplo, que algunos de los 17 elementos representaron menos del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) de acuerdo con el desglose de gasto tributario del 2020.

Sin embargo, considera que las exenciones estaban como un comodín y daban cierta certeza a los empresarios para invertir. “Un inversionista podía revisar las leyes y saber que, si comprometía capital, recibía una retribución traducida en incentivo tributario”.

Los incentivos tributarios, de hecho, se convirtieron en una bandera en el gobierno anterior para la atracción de inversiones.

A algunas exoneraciones, como la del Impuesto a la Renta y Salida de Divisas para las nuevas inversiones productivas, se les realizó prórrogas. En agosto del 2020, con el decreto ejecutivo 1130 se extendió a 24 meses ese beneficio.

Para el sector industrial, el poco aprovechamiento que se le dio a estos incentivos fue, en gran parte, por la demora en la emisión de reglamentos que faculten el uso a los inversionistas.

Por ejemplo, la Ley de Fomento Productivo se aprobó en agosto del 2018, pero el reglamento que debía normar la aplicación de ciertos beneficios recién se publicó en diciembre de ese año, señala Javier Andrade, director de estudios de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG).

Desde su visión, lo que hará la nueva reforma es ralentizar, en parte, el ritmo de inversiones que se venía construyendo.

En ese tema, coincide Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), quien asegura que se deja de lado a las empresas que hoy ya están constituidas e invierten en el país. “Estos empresarios quedarían en desventaja frente a los nuevos negocios”, indicó.

En sus comparecencias en la Asamblea, el ministro de Producción, Julio José Prado, enfatizó que, tal como está contemplada la ley, no se afectan inversiones en curso porque se respeta el contenido de cada contrato de inversión ya celebrado previamente.

Roberto Silva, catedrático y socio de la firma Moore Ecuador, señala que el Gobierno debe plantearse que el principal incentivo para un empresario es la seguridad jurídica que, al menos en el país, es débil.

SDLqQue se cumpla con las eliminaciones y no se vuelva a hacer una reforma en un año, el cambio de reglas del juego es lo que no le da seguridad a nadie para invertir”, puntualizó.

El segundo y definitivo debate de la reforma tributaria está convocado para este miércoles 24 de noviembre a las 11:30 en el Pleno de la Asamblea.

Así lo informó el asambleísta de Creo y ponente del proyecto, Francisco Jiménez.

La convocatoria se da luego de que la Comisión de Desarrollo Económico aprobara el informe para segundo debate la noche del viernes pasado.

Jiménez advierte que con las modificaciones al proyecto original, la expectativa de recaudación podría estar entre de USD 1 500 millones y 1 600 millones, cuando inicialmente era de USD 1 800 millones para los siguientes dos años.

La vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Wilma Andrade, dijo que hay temas sensibles que espera se resuelvan en el Pleno como la base imponible para un incremento al IR, que quedó en USD 2 600, o las contribuciones especiales