Ecuatorianos deberán decidir si militares apoyan a lucha contra delincuentes

La población ecuatoriana deberá decidir en las urnas si los militares salen a las calles a combatir el delito junto a la policía nacional, luego de que la Asamblea Nacional votó el jueves 21 de diciembre de 2023 por cambiar un artículo de la Constitución.

Con 125 votos a favor, los asambleístas reformaron de manera parcial el artículo 158 de la Constitución, con lo que se permite que las Fuerzas Armadas apoyen “excepcional y exclusivamente” para temas de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, entre otros delitos. 

Al ser la reforma parcial de un artículo de la Constitución, se debe someter a un referendo,  el CNE tiene 45 días para organizarlo, con lo que podría ser incluído en la consulta popular anunciada por Daniel Noboa.

La Asamblea debe remitir la reforma al presidente, el que se encargará de redactar el texto de la pregunta que se hará en la papeleta. Esta debe ser aprobada por la Corte Constitucional, que revisará que no se contraponga a otra norma de la Constitución.

Con la luz verde de los jueces constitucionales, la pregunta para la reforma es remitida al CNE para que haga un calendario electoral. Todo esto en 45 días, es decir hasta mediados de febrero

Ayuda complementaria

Los asambleístas crearon la figura de ‘ayuda complementaria’ para hacer que los miembros de las Fuerzas Armadas apoyen en sus tareas a la Policía Nacional.

Bajo el esquema propuesto, el Comandante General de la Policía debe hacer el pedido de  ‘ayuda complementaria’ al Presidente, el que debe convocar al Consejo Nacional de Seguridad Pública y del Estado.

Este organismo debe emitir un informe en el que se justifique el pedido. En base a este documento, el presidente elabora un decreto en el que se dispone la ‘ayuda complementaria’, la que dura 60 días y puede ser ampliada por 30 días más.

La Corte Constitucional hará el control de estos decretos.

Las Fuerzas Armadas pueden dar su ‘ayuda complementaria’ en casos de delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, tráfico de personas y delitos asociados a los grupos delictivos organizados.

La propuesta  establece que “cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades y competencias durante la vigencia del apoyo excepcional", es responsabilidad de las autoridades y servidores públicos, por lo que debe primar el uso progresivo de la fuerza.