El correísmo saca las uñas y pide juicio político a la Fiscal

Poco tiempo le duraron los buenos modales a los correístas. El lunes 27 de noviembre de 2023 la asambleísta Gissela Garzón presentó la solicitud de juicio político a la fiscal Diana Salazar, con el respaldo de los 51 asambleístas de la Revolución Ciudadana.

Garzón, comunicadora social y liguista, según su perfil en redes sociales, señaló que el pedido de enjuiciar a Diana Salazar se debe al “incumplimiento de funciones”.

Siempre estuvo claro que el correísmo quería la cabeza de Salazar, lo que sorprende es el tiempo en el que presenta la solicitud, pues coincide con la casi inminente posesión del nuevo Contralor, ajeno a los intereses de los seguidores de Rafael Correa.

La solicitud de Garzón se anticipa al envío de dos leyes económicas urgentes, una de tributos y otra sobre energía, que el presidente Daniel Noboa anunció que iba a mandar a la Asamblea Nacional.

El oficialismo, los socialcristianos y el correísmo lograron un pacto de gobernabilidad, el que soporta un primer intento desestabilizador, de manos del movimiento manejado desde Bélgica por Correa.

Las coincidencias no existen, menos en la política, por eso la iniciativa de Garzón tiene un tufo a chantaje político para el Partido Social Cristiano, que impulsa la posesión del Contralor y al oficialismo que necesita de votos para aprobar las dos reformas urgentes.

No sería la primera vez que el chantaje político sea utilizado por el correísmo para obtener sus anhelos, que tienen más de corte personal que de buscar el bien común.

La Fiscalía defiende a Salazar

Tras conocerse el pedido de juicio político, la Fiscalía emitió un comunicado en el que señala que es un nuevo ataque contra la autoridad de Salazar y que “carece de fundamentos”.

En el texto, señala que la iniciativa correísta es “un acto que busca la impunidad, relacionada con casos que han sido sentenciados o que se están resolviendo en el ámbito penal”.

El pedido de Garzón debe ser estudiado por el Consejo de Administración Legislativa, donde la persona que realiza la petición debe sustanciarla y los miembros de este cuerpo colegiado calificar si procede o no.

Es posible que el correísmo no gane esta batalla, pero demostró que está en pie de guerra.