El Estado reconoció su responsabilidad en 12 sentencias

Cuando se trata de sentencias de cortes internacionales contra el Estado ecuatoriano, históricamente han terminado pagando las indemnizaciones “justos por pecadores”. Es decir, con recursos de las arcas fiscales se pagaron reparaciones monetarias por vulneraciones a derechos humanos.

Esa tendencia pudiera cambiar con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de diario El Universo. Aunque para ello ten­drá que hacer su parte la Asamblea Nacional.

La Corte IDH notificó el 21 de diciembre pasado que el Estado ecuatoriano es responsable de la violación de los derechos del periodista Emilio Palacio y de tres directivos del rotativo guayaquileño. Según el fallo, Ecuador debe indemnizarlos con USD 400 000 por daños materiales e inmateriales.
 
La sentencia internacional se desprende de un proceso penal por el delito de injuria calumniosa contra autoridad, impulsado por el expresidente Rafael Correa, en el año 2011, en respuesta a un artículo de opinión.

Los cuatro representantes de El Universo fueron sentenciados en el país a tres años de cárcel y se les impuso una multa de USD 40 millones. Ante la Corte IDH, el Estado ecuatoriano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional, por utilizar el derecho penal y la justicia para imponer una sentencia desproporcionada.
 
Según la Procuraduría, gracias a ese reconocimiento se logró reducir en un 97% la reparación que solicitaban los peticionarios.  El expresidente Correa criticó esta estrategia. “Salvador dejó al Estado en indefensión y dijo que tremenda calumnia era opinión”.

Para el procurador Íñigo Salvador, en cambio, con esa decisión no se vulneró la repre­sentación judicial del Estado, sino que se defendió “la vi­gencia de los derechos humanos y de la libertad de expresión” en Ecuador.

Este caso pudiera sentar un precedente, ya que luego de pagar las indemnizaciones se ofrece  iniciar procesos de repetición en contra de los funcionarios involucrados en el caso, para que devuelvan el dinero de la reparación.  Aunque, por ahora, la Procuraduría reconoce que la repetición no ha llegado a buen término, ya que las normas jurídicas para su aplicación están dispersas.

Es aquí cuando entra en escena la Asamblea Nacional, pues en julio pasado el procurador entregó a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, el proyecto de Ley Orgánica de Repetición, que busca que estos procesos sean eficientes, con un único Tribunal competente sustanciador.

Cinco meses después, no hay fecha para su aprobación. Esta propuesta está en la Comisión de Justicia de la Asamblea, que anunció que en los primeros meses de 2022 dará prioridad a los proyectos para garantizar la interrupción del aborto en caso de violación y las reformas a la Ley de la Contraloría.

En los últimos 14 años, el Estado ecuatoriano, a través de la Procuraduría, reconoció su responsabilidad en 12 sentencias emitidas por la Corte IDH. Ocurrió en los mandatos de tres presidentes.

Los casos corresponden a ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, derecho a la propiedad privada, garantías judiciales y protección judicial, integridad personal, libertad de expresión, derechos políticos, entre otros.
 
¿Qué implica para el Estado una nueva sentencia en contra? Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la UIDE, advierte que con estos fallos los estándares internacionales de cumplimiento, vigencia y reivindicación de DD.HH. en el Ecuador caen.

Esto, agrega, implica pérdida de confianza en el país en este ámbito e incluso repercusiones en el área comercial.

Dice que actualmente, con las leyes dispersas, un proceso de repetición puede durar, al menos, tres años y medio, si es que las partes no lo dilatan. En cuanto al caso El Universo, dice que la reparación del Estado debe ser inmediata y después vendría la repetición.

Hasta diciembre de 2020, existían 219 causas por supuestas violaciones a derechos humanos, tramitándose en el Sistema Interamericano.

Según el Manual de Defensa Jurídica del Estado, presentado por la Procuraduría a principios de diciembre, el reconocimiento de responsabilidad del Estado en casos donde exista constancia de un hecho ilícito “no debilita la defensa del patrimonio público”.

Se añade que esos actos jurídicos son “altamente valorados por los órganos internacionales”.

En el caso El Universo, la Corte IDH estableció que se vulneraron tres derechos fundamentales: libertad de expresión, circulación y residencia, y estabilidad laboral.

El Procurador anticipó que le corresponderá a la Función Judicial establecer, dentro del proceso de repetición, si el expresidente Correa formará parte de los funcionarios que deberán reembolsar los recursos destinados a
la indemnización