Fiscalía de España denuncia pagos de supuestos sobornos en el Metro de Quito

La Fiscalía Anticorrupción de España lleva meses investigando el pago de supuestos sobornos por parte de un consorcio español de empresas para hacerse con la adjudicación de un contrato de asesoramiento para la construcción del Metro de Quito. Así lo señala un informe publicado el martes 5 de abril de 2022 por el diario español El Confidencial.

Según el periódico, las diligencias han permitido recabar indicios que apuntan a que el grupo de compañías, del que formaba parte Prointec -la filial de ingeniería de Indra-, pagó al menos USD 1,2 millones a funcionarios ecuatorianos para garantizarse el encargo.

La denuncia presentada por el Ministerio Público ya fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional (AN), que citó como imputados para el próximo 3, 4 y 5 de mayo a nueve personas, entre ellas varios empresarios que participaron en los hechos y a los que se acusa de la comisión de un delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales.

La agencia de noticias Europa Press informó el 5 de abril que estas diligencias fueron asumidas por el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, que acordó ya los primeros procedimientos a raíz de la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación partió de las denuncias efectuadas por algunas personas que participaron de forma directa en lo sucedido. Los presuntos sobornos se camuflaron como pagos a terceras empresas por la prestación de servicios, según las confesiones.

Una sociedad ficticia

Aparentemente, los sobornos se dividieron en pagos más pequeños para pasar inadvertidos. Tras un abono inicial superior a los USD 300 000, hubo hasta 24 pagos posteriores de USD 35 000 cada uno. Su destinatario fue uno de los hijos de Gonzalo Alonso Martínez, cónsul honorario de Ecuador en Madrid, quien, según las sospechas, creó una sociedad ficticia solo para recibir el dinero.

Jesús Miguel Trabada, responsable máximo de Bustren, la compañía que lidera el consorcio, se encuentra en el centro del escándalo, según El Confidencial. Trabada fue consejero delegado de Metro de Madrid entre los años 2003 y 2011 y desde allí pudo conocer al detalle los planes del Municipio de Quito sobre el proyecto del Metro e incluso se reunió con el alcalde de aquella época para informarse mejor.

Para 2013, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, que entonces tenía como gerente general a Edgar Jácome Zambrano, puso en marcha una licitación para contratar la gerencia del proyecto. Trabada firmó un contrato privado con responsables de Prointec y KV Consultores para formar un consorcio y presentar una oferta al Municipio de Quito. Así surgió la sociedad ecuatoriana Consorcio GMQ, integrada por las empresas antes mencionadas, menos Bustren, ya que no cumplía con los requisitos mínimos de antigüedad.

Sin embargo, en el contrato privado quedó reflejado que Bustren, la empresa de Trabada, acumularía la participación principal, con un 80 %, mientras que las otras dos disfrutarían de un 10 % cada una.

Luis Rodríguez Sol, fiscal al frente de las pesquisas, asegura que GMQ influyó a través de los sobornos incluso en la fase previa de la licitación, de forma que el pliego de condiciones fue el resultado de una negociación concertada. Supuestamente todo fue pactado hasta tal punto que los miembros de la comisión técnica de Quito fueron indicando cómo debía ser la oferta para que tuviera éxito.

Días antes de que el concurso se ganara de forma definitiva, un empleado de KV Consultores acudió a una reunión con uno de los ecuatorianos. “Me han dicho que lleve la maleta”, comentó, según se desprende de las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía en España.

En junio de 2013, Metro de Quito otorgó el contrato de asesoría al consorcio. Un mes después, el grupo ganador se constituyó formalmente como sociedad y abrió cuentas bancarias en Ecuador.

Según El Confidencial, la gerencia del proyecto se realizó en gran medida desde Madrid, en las oficinas del consorcio liderado por Bustren. El contrato original fue adjudicado al consorcio por USD 15,3 millones y más adelante se firmó un contrato complementario de USD 5 millones.