Judicatura necesita USD 4,7 millones para nuevas unidades penitenciarias

Con el objetivo de reducir el hacinamiento carcelario, el Consejo de la Judicatura presentó el Plan integral de Fortalecimiento del Servicio Judicial en materia de Garantías Penitenciarias.

Luego de la última masacre en la Penitenciaría del Litoral, el Gobierno aseguró que existen 5.000 trámites de beneficios penitenciarios represados. Esto se debe, según el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI), a que en el país existen solo 11 jueces de garantías penitenciarias. La Corte Constitucional (CC) instó a la Judicatura a presentar un plan para reforzar esta área.

Pero de manera paralela, el organismo declaró la necesidad extraordinaria y emergente del servicio judicial de garantías penitenciarías.

Mientras dure esta medida, las Unidades Judiciales de Garantías Penales, de Tránsito y de Violencia contra la Mujer conocerán y resolverán los casos penitenciarios. La ampliación de estos servicios estará vigente en Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Latacunga. El objetivo es reducir el hacinamiento carcelario que es una de las causas de las crisis del sistema. Según el SNAI, hasta el 22 de septiembre de 2021, había 38.310 presos en 36 cárceles de 20 provincias del país. De ellos, 6.765 detenidos cumplen con los porcentajes legales para acceder a un cambio de régimen o prelibertad. Actualmente, el sistema penitenciario ecuatoriano tiene un hacinamiento del 27%. Si los cerca de 7.000 casos de candidatos a prelibertad se resuelven favorablemente, ese porcentaje podría reducirse a un 5%.