Mesa legislativa pedirá certificar llamadas de auxilio para Cpccs

La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional pedirá al Servicio Integrado ECU 911 que certifique si existen llamadas de emergencia realizadas el pasado 9 de febrero del 2022 desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Esto para confirmar la versión del Ministerio de Gobierno y de la Policía Nacional.

Tanto Alexandra Vela, ministra de Gobierno, como Carlos Cabrera, comandante de la Policía Nacional, aseguraron a la mesa legislativa que no incumplieron ninguna ley con la presencia policial en los exteriores del Cpccs, del 9 de febrero.

Según Vela, todos los ciudadanos que soliciten ayuda al ECU 911, tendrán el mismo resguardo. En el mismo sentido, Cabrera explicó que ese es el procedimiento normal. Existieron alertas de riesgo desde el interior del Cpccs, afirmó.

Pero el pedido de auxilio de Hernán Ulloa, en calidad de presidente del Cpccs, fue por llamada directa porque sintió un riesgo de amenaza, “Lo que tenemos que hacer como Policía es dar el auxilio correspondiente”, argumentó Cabrera.

De lo contrario, habría sido una omisión, según el Comandante. Explicó que se da seguridad de acuerdo a un estudio de seguridad, pero lleva tiempo hacerlo y no se efectuó en el caso de Ulloa.

Cabrera mencionó que en el parte policial consta que se hicieron varias llamadas al 911.

Al respecto, Ferdinand Álvarez, presidente de la Comisión, dijo que se pedirá al Servicio Integrado “la certificación del ECU 911, que consten esas llamadas de auxilio por parte de funcionarios del Cpccs para tener la información completa”.

La mesa legislativa también requerirá la verificación del parte policial de los dos uniformados que acudieron al Cpccs, donde se encontraba la expresidenta Sofía Almeida.

La asambleísta Nathalie Viteri llegó a la conclusión de que la presencia de la Policía fue disuasiva para evitar enfrentamientos entre los grupos que se encontraban al interior del Cpccs, que respondían a Almeida y Ulloa, respectivamente.

Por otro lado, los consejeros de mayoría reiteran a la Comisión que no incumplieron ninguna medida cautelar al remover a Almeida de la presidencia porque existía la acción de protección de Ulloa.