Contraloría estableció irregularidades en contrato de fotorradares en Ambato

La Contraloría General del Estado estableció irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de concesión del servicio de registro y sanción de infracciones de tránsito en Ambato.

Este jueves 6 de enero del 2022, la Contraloría indicó que identificó irregularidades en la selección de proveedor, infracciones rechazadas sin sentencia judicial, equipos con problemas de funcionamiento y multas no impuestas al contratista suscrito por el Municipio de Ambato en el 2014.

La Contraloría sostiene que sin el respaldo técnico requerido, en 2014 la administración municipal de Ambato, de ese entonces, le adjudicó la concesión de los fotorradares en Ambato a la empresa.

“En la licitación, el único oferente que presentó su oferta no cumplió con los requisitos mínimos, como la declaración del Impuesto a la Renta del año 2012, certificados de la experiencia del personal ofertado, capacidad y experiencia técnica, operacional y de gestión (la concesionaria se constituyó el 31 de octubre de 2013, un mes antes de presentar laoferta)”, según el comunicado.

Se añade que no se efectuaron pruebas operativas de las cámaras que se utilizarían para captar las imágenes en las vías.

Los análisis del equipo de control sobre la ejecución del contrato concluyeron, según la Contraloría, que el sistema rechazó injustificadamente 389 infracciones, lo que ocasionó que el Municipio deje de percibir USD 50 405 del porcentaje de participación que le correspondía.

Además, luego de las investigaciones la Contraloría determinó que el administrador del contrato solicitó rechazar unas 227 infracciones, por USD 29 534, argumentando la presentación de certificados médicos, cambio del límite de velocidad y excesos menores a un kilómetro por hora, decisiones que no se respaldaron en sentencias judiciales.

El Municipio de Ambato no recibió USD 1’382 191, debido a que las sanciones impuestas a los vehículos de transporte público, comercial de pasajeros y de carga, fueron determinadas erróneamente y no se multó a la concesionaria por esta omisión, según la Contraloría.

Por otro lado, el gobierno cantonal dejó de percibir USD 91 798, porque unas 914 infracciones por exceso de velocidad fueron anuladas sobre la base de sentencias de los operadores de justicia, cuyo rechazo no fue debidamente sustentado, pues no fueron notificadas a tiempo a los propietarios de los vehículos.

“Los auditores concluyeron que no se realizaron pruebas de funcionamiento nocturno de los radares ni se verificó la ubicación de las cámaras, impidiendo que se identifique correctamente a los vehículos y que se rechacen 164 820 contravenciones”, según la Contraloría