Jueces ratificaron condena de nueve años contra Pablo Romero

La decisión fue unánime. El Tribunal, conformado por los jueces Byron Guillén, Adrián Rojas y Mercedes Caicedo, negó la apelación a la sentencia solicitada por el exjefe de Inteligencia del correísmo Pablo Romero.

Esta decisión se tomó este jueves 17 de febrero del 2022, durante una audiencia en la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito.

El 14 de agosto del 2020, otro Tribunal sentenció a Romero a nueve años de cárcel por el secuestro del activista Fernando Balda. Ese hecho habría ocurrido en Colombia, en el 2012.

Hoy (16 de febrero del 2022), los magistrados declararon “improcedente” elrecurso de apelación interpuesto por el sentenciado.

Los jueces concluyeron que sí hubo la existencia material del delito de secuestro agravado y la responsabilidad penal de Pablo Romero como autor mediato.

¿Qué implica esta decisión judicial?

La condena impuesta contra Romero quedó ratificada y él seguirá recluido en la cárcel de El Inca, en Quito. Se encuentra allí desde febrero de 2020 cuando llegó extraditado desde España.

Este fallo es de segunda instancia. Ahora al extitular de la Secretaría de Inteligencia (Senain) solo le resta hacer uso del recurso de casación antes de que la pena quede en firme.

Con el recurso de apelación, Romero buscaba que los jueces lo declaren inocente del delito y quede sin efecto su condena de nueve años de prisión.

Su abogado argumentó que hubo errores al valorar las pruebas en el juicio y al dictar la sentencia. Además, dijo que la acción penal ya prescribió. Por eso, él pidió al Tribunal que su defendido sea declarado inocente.

Acusación de Fiscalía

La entidad investigadora asegura que el secuestro se perpetró en Bogotá y que se utilizaron fondos públicos de la cuenta de gastos especiales de la extinta Secretaría de Inteligencia.

La Fiscalía también sostiene que el delito fue coordinado por Romero desde Ecuador y ordenado por el expresidente Rafael Correa, quien también está procesado en esta causa, pero no puede ser juzgado hasta que regrese al país