Compás de espera por resoluciones de la CC sobre minería y toros

El Pleno de la Corte Constitucional (CC) sesionó de forma virtual este miércoles, 12 de enero del 2021, y en su agenda constaban 10 puntos a tratar, entre ellos la resolución del pedido de consulta popular de la Mancomunidad del Chocó Andino para eliminar la minería metálica y acciones de inconstitucionalidad presentadas por movimientos animalistas en contra de los espectáculos taurinos.

Hasta el cierre de esta edición (17:30), no se dieron a conocer ninguna resolución de la CC.

La Mancomunidad del Chocó Andino engloba a las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. Buscan que la CC dé paso a su solicitud para convocar a una consulta popular, con el objetivo de conocer la posición de los quiteños respecto a que se prohíba la explotación de minería metálica de escala artesanal, a pequeña escala, a mediana escala y a gran escala en las zonas de la Mancomunidad.

Inty Arcos, biólogo y asesor técnico de la Mancomunidad, es uno de los activistas que presentó la solicitud a la CC en noviembre del 2021. En las áreas del Chocó Andino “es donde están los últimos ríos limpios de Quito (…). Estamos pidiendo que nos permitan ejercer nuestro derecho a decidir sobre el futuro de este territorio”, expresó en una rueda de prensa, en los exteriores de la CC.

La abogada de la Mancomunidad, Sylvia Bonilla, explicó que, si la CC emite su dictamen favorable, posteriormente se podrá solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) el formulario para la recolección de firmas y que se convoque a la consulta popular en Quito.

Hay 12 concesiones mineras entregadas y otras seis que están en trámite, que contaminarían al medioambiente, a criterio de los representantes de la Mancomunidad. Bonilla señaló que ninguna de las 12 cumplió con el requisito previo de consulta ambiental a las comunidades que podrían ser afectadas. Por lo que tales concesiones “son ilegales”.

En cambio, Rodrigo Izurieta, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, señaló que hay varios tipos de consulta. La consulta previa no vinculante es solo para “casos muy específicos, en territorios remotos con poblaciones muy vulnerables, que su forma de vida puede verse afectada. La otra es la consulta ambiental, pero esa responsabilidad no es de la compañía (minera) sino del Estado (a través del Ministerio del Ambiente)”. El Estado ha cumplido con esta obligación antes de otorgar cualquier permiso ambiental, de lo contrario se paraliza el proyecto, recordó.

Según Izurieta, en este caso hay “argumentos políticos” para legitimar “algo que es inconstitucional”.

Pugnas por espectáculos taurinos

La desaparición o existencia de los espectáculos taurinos en Quito depende del pronunciamiento de la CC, al analizar cuatro causas acumuladas. Estas se relacionan con los resultados de la consulta popular del 2011, en la que se preguntó: “¿Está usted de acuerdo que en el cantón de su domicilio se prohíban los espectáculos que tengan como finalidad dar muerte al animal?”. La mayoría de los quiteños apoyó el sí.

Una causa fue presentada en 2011 por el Movimiento Animalista Nacional de Ecuador (MAN) y otra por Protección Animal Ecuador (PAE). Las otras dos corresponden a la Asociación de Toreros del Ecuador, que presentó su demanda de inconstitucionalidad en 2020 y la Asociación de Galleros en 2021.

Este Diario intentó obtener declaraciones de Pablo Santamaría, representante de la Asociación de Toreros, pero no hubo respuesta a llamadas telefónicas, ni mensajes de texto.

MAN y otros colectivos persiguen dejar sin efecto una ordenanza del Municipio de Quito, expedida durante la gestión de Augusto Barrera, porque solo “se mantuvo la prohibición de la matanza en el ruedo”, pero se permitían los espectáculos, dijo Viviana Morales, abogada de MAN.

En 2020, el exalcalde Jorge Yunda emitió otra ordenanza que prohibió definitivamente los espectáculos taurinos. Es contra esta ordenanza que la Asociación de Toreros y Galleros presentaron sus demandas de inconstitucionalidad.

El abogado Andrés Castillo participó como amicus curiae en la demanda del gremio de los toreros. Para él, la pregunta de la consulta popular nacional resulta “ambigua e inconstitucional” y no se debió incluir temas cantonales. Con la inconstitucionalidad de la pregunta espectáculos taurinos volverían, indicó Castillo