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Dos líderes y once colaboradores hacen parte de la ‘organización delictiva’ a la que acusa la Fiscalía en el caso Las Torres

Dos líderes y once colaboradores hacen parte de la ‘organización delictiva’ a la que acusa la Fiscalía en el caso Las Torres
Quito. 17/12/2021. Un total de 773 cuerpos hacen parte del expediente de Fiscalía por el delito de delincuencia organizada dentro del denominado caso Las Torres. Cortesía/EL UNIVERSOFoto: El Universo

Para la fiscal general, Diana Salazar, el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban, el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, Adolfo Agusto Briones, hermano del fallecido exsecretario de la Presidencia José Agusto Briones, y otras nueve personas son autores directos del delito de delincuencia organizada que se persigue dentro del caso Las Torres.

La diferencia que hizo es que el excontralor Celi y el exgerente Flores serían los líderes de la “estructura delictiva”, mientras que el resto fueron los colaboradores de la misma. Esa calidad procesal fue la determinada por Salazar en su dictamen acusatorio, como parte de la audiencia preparatoriade juicio que se instaló el 7 de diciembre último en la Corte Nacional y concluyó la noche del jueves 16 de diciembre.

La teoría de Fiscalía señala que entre 2017 y 2020, en Quito, se formó un grupo estructurado a través de un acuerdo entre funcionarios públicos de nivel directivo afines a la empresa pública (EP) Petroecuador, Contraloría General del Estado (CGE) y la secretaria de la Presidencia de la República.

Los integrantes de la organización, indicó Salazar, valiéndose de sus relaciones de amistad, confianza y parentesco, planificaron el obtener beneficios económicos como finalidad de su organización a través de varios colaboradores entre funcionarios públicos y privados, coordinando, gestionando y planificando la comisión de delitos con penas mayores a cinco años.

En este caso, se aclaró, los beneficios económicos debían venir de la empresa Nolimit C. A., la cual tenía una relación contractual con Petroecuador y a la que el Estado le adeudaba $ 20,3 millones, derivados de entregables adicionales del periodo 2017-2018. Al tener conocimiento de la cantidad adeudada, dijo Salazar, la “estructura delictiva” pretendía hacerse del 20 % de dicho monto a cancelar.

Según la Fiscalía, ejerciendo el mando y el liderazgo de este grupo estructurado estaban Pablo Flores, Pablo Celi y José Agusto Briones, sobre quien se encuentra extinguida la acción penal una vez que falleció en la Cárcel 4, al norte de Quito, lugar en el que fue ingresado por una orden de prisión preventiva en esta causa.

Mientras que en los escenarios de colaboración habrían intervenido la exfuncionaria pública Natalia Cárdenas, el exgerente de Refinación Mauricio Orellana, Roy Calero, Martha Barrezueta, Esteban Celi, Pedro Saona, el empresario Álvaro Jorge de Guzmán, Adolfo Augusto Briones, Silvia López, su hijo Ángelo Rodríguez y Andrés Luque.

Para la fiscal la organización se valió de diversos colaboradores que gestionaron los pagos que debía realizar el Estado a través de la empresa Petroecuador a Nolimit con la única finalidad de cristalizar la obtención de beneficios económicos siendo los colaboradores los ejecutores y emisarios de quienes ejercían su mando.

“Los miembros de esta estructura al percatarse que su víctima en común (Nolimit) tenía una deuda que cobrar con el Estado ecuatoriano por un valor considerablemente alto, $ 20,3 millones, deciden confluir todas sus costumbres y aparatajes delictivos en uno solo, destinados a un mismo fin: el 20 % de aquellos $ 20,3 millones”, resaltó Diana Salazar.

La teoría de la Fiscalía sostiene que en este caso la estructura delictiva tenía grupos con integrantes que cumplieron roles específicos en la CGE, en Petroecuador y en la secretaría de la Presidencia.

En la CGE el grupo era liderado por el entonces contralor Celi e intervino su hermano Esteban y los empresarios De Guzmán y Saona; en Petroecuador a la cabeza estaba el hoy exgerente Flores y participó Cárdenas, Orellana, Calero y Barrezueta; y finalmente en la secretaría de la Presidencia el grupo manejado por los hermanos Agusto Briones estuvo respaldado por López, Rodríguez y Luque.

La defensa del excontralor Celi, Marcelo Ron, asegura que no existe tal grupo delictivo estructurado, pues en la audiencia la Fiscalía no ha podido mostrar un solo elemento que revele que existió un acuerdo entre las personas a las que califica de líderes de la estructura.

“Los elementos que ha logrado recabar la Fiscalía los presenta de una manera sesgada, desvirtuando la naturaleza propia de lo que dice cada uno de los elementos, es decir, tergiversando muchos de ellos, para inducir a error al juez, para obtener su victoria que es el auto de llamamiento a juicio”, indica.


La fiscal general, Diana Salazar, participó de los allanamientos en los que fueron detenidas nueve personas que son acusadas del delito de delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres.

Pablo Encalada, abogado de Flores, asegura que la Fiscalía lo que trajo a la audiencia fue una “fábula” creada a partir de conversaciones de dos criminales confesos como el ex asesor de Petroecuador Raúl De la Torre y el empresario inmobiliario Roberto Barrera, ambos sentenciados en Estados Unidos por ser parte de una red de corrupción que operó en Petroecuador entre 2018 y 2019.

Para Encalada es increíble que de la credibilidad que se le dé a dos “criminales confesos” como De la Torre y Barrera depende la libertad de trece personas. Según el abogado, De la Torre usó de manera dolosa el nombre no solo de su cliente, sino de otros entonces funcionarios públicos, para extorsionar a terceros y exigir dineros, de los cuales, esas autoridades, no tenían conocimiento.

La Fiscalía cree que fue una “designación estratégica” la colocación de Raúl De la Torre en Petroecuador, pues su colaboración habría permitido la obtención de ingresos económicos ilícitos tanto para los líderes como para los demás miembros de esta estructura.

La investigación de Salazar explicaba que De la Torre fue contratado por Flores, máxima autoridad de Petroecuador, por recomendación de Barrera, debido a su “parentesco con el contralor general” de ese momento. Desde el cargo de asesor directo de la gerencia de Petroecuador habría colaboradocomo punto de contacto tanto para sus familiares cercanos, los hermanos Celi, como para Flores.

“La designación de Raúl De la Torre fue estratégica y planificada teniendo una gran importancia para gestar la finalidad del grupo estructurado. De hecho esta contratación es tan estratégica, pues a través de él confluye el liderazgo de la organización, en donde por un lado se venían desvaneciendo glosas desde la CGE en favor de la empresa Nolimit, por gestiones que realizaba Esteban y Pablo Celi y por otro lado se inicia el pago de planillas a la misma empresa a través de las gestiones de Pablo Flores y Roberto Barrera”, aseguró Salazar.

Via El Universo

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