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Exfuncionarios del IESS a juicio por peculado en compra de insumos para el hospital Teodoro Maldonado Carbo

Exfuncionarios del IESS a juicio por peculado en compra de insumos para el hospital Teodoro Maldonado Carbo

La Fiscalía del Guayas emitió dictamen acusatorio contra nueve procesados por su presunta participación en el delito de peculado para la adquisición irregular de insumos médicos y prótesis para el área de Traumatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

La investigación inició a mediados de julio de 2021, tras haber recibido un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal por parte de la Contraloría General del Estado, por un presunto perjuicio de cerca de 1’082.807 dólares en un contrato de adquisición de insumos y prótesis para la Unidad Técnica de Traumatología del hospital, en el periodo correspondiente de enero de 2014 a octubre de 2019.

Los procesados, exfuncionarios del mencionado hospital y proveedores, fueron detenidos –en su mayoría– tras los allanamientos ejecutados por Fiscalía y la Policía Judicial, la madrugada del miércoles 2 de junio de 2021 en Guayaquil, Daule y Nobol.

Audiencia de juicio

En la audiencia preparatoria de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, presentó como elementos de convicción: el informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, el informe contable que determinaría un perjuicio de 911.852 dólares de un contrato de 1’082.807 dólares para la compra de insumos médicos y prótesis para el area de Traumatología en la casa de salud.

Además, las versiones de los auditores de Contraloría, las copias certificadas del contrato remitido por el IESS, la resolución de adjudicación para el proveedor, el acta de entrega-recepción de las prótesis, el comprobante único de pago de la casa asistencial a favor del proveedor, certificación del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, el cual indica que el proveedor y la compañía adjudicataria se dedicaban a la importación de otra clase de productos; entre otros elementos.

El juez de Garantías Penales, Patricio Vidal, acogió en parte el pedido de Fiscalía y llamó a juicio a Julia M. P., Carlos V. F., César V. B., Angélica R. J., Susana S. E., Andrés L. H. y Juan M. A., a quienes les ratificó las medidas de presentación ante la autoridad judicial y su prohibición de salida del país; mientras que para Jorge E. A. (quien se encuentra prófugo), se mantiene la orden de prisión preventiva.

A todos los procesados se les dispuso la prohibición de enajenar bienes.

Contra Cristhian L. K., el Juez dictó auto de sobreseimiento.

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

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