Fiscalización recomienda juicio político contra Superintendente de Compañías

Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que recomienda al Pleno de la Asamblea llevar a juicio político al superintendente de Compañías, Seguros y Valores, Víctor Anchundia, por supuesto incumplimiento de funciones.

La resolución se tomó este viernes, 3 de diciembre de 2021, en el último día de plazo que tenía esta mesa para sustanciar el pedido de interpelación.

El juicio político es impulsado por los asambleístas Ricardo Vanegas, de Pachakutik, y Luis Almeida, del Partido Social Cristiano (PSC).

La Comisión concluyó que Anchundia incumplió con sus funciones de control al mercado de valores y de seguros, lo que habría dado lugar a perjuicios en el caso del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) y Petroecuador.

Los comisionados acordaron que el caso Isspol será investigado por separado, aunque durante la fase de comparecencias por el juicio político a Anchundia los exministros José Serrano y María Paula Romo entregaron algunos elementos.

Un pedido presentado a última hora por la asambleísta de Creo, Nathalie Arias, para que se requiera información sobre los contratos entre Ecuador y Citibank en la emisión de bonos soberanos, relacionados con el Isspol, no fue aceptado.

La socialcristiana Soledad Diab, así como Roberto Cuero y Comps Córdoba, del correísmo, pidieron excluir del expediente dicha recomendación, pues señalaron que no se pueden incluir más elementos de juicio para no vulnerar el debido proceso.

“En cuanto al caso Isspol, si bien mediáticamente y por la cantidad de los montos genera una gran importancia, la gestión del superintendente Anchundia fue, de alguna forma, para defender los intereses de la Policía, tal vez no en el momento propicio”, anotó Marco Troya (Ind.).

El informe, que no tiene carácter de vinculante para el Pleno, tiene varias conclusiones y recomendaciones. Una posible censura y destitución del Superintendente dependerá de 70 votos.

Conclusiones de Fiscalización

Estas son dos de las conclusiones que constan en el informe de la Comisión de Fiscalización.

1. Existe un incumplimiento de funciones por parte del Superintendente Anchundia al no verificar y constatar, permanentemente, a través de la Intendencia Nacional de Seguros, la remisión y verificación de los documentos que avalen la emisión del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones. Ese es un documento necesario para que las compañías de seguros participen dentro de los procesos de contratación pública.
2. Es necesario que la Superintendencia, dentro de sus facultades de control, realice una verificación y auditoría sobre la legalidad, veracidad y autenticidad de los contratos automáticos de reaseguro proporcional de la empresa Interoceánica Compañía Anónima de Seguros, para tener una certeza razonable sobre la veracidad y autenticidad de las cifras presentadas en sus estados financieros.

Las recomendaciones de la Comisión

En el informe constan entre otras, estas recomendaciones de la Comisión de Fiscalización:

1. Que la Superintendencia, dentro de sus facultades de control, realice una verificación y auditoría de la información consignada por las empresas de seguros.
2. Exigir de las empresas calificadoras de riesgos un proceso mucho más serio y riguroso para emitir su calificación.
3. La Superintendencia de Compañías deberá suspender la emisión electrónica y de manera automática de los certificados de cumplimiento de obligaciones.
4. Remitir este informe a la Fiscalía, Servicio de Rentas Internas.
5. Llevar a juicio político y destituir al Superintendente de Compañías, Seguros y Valores, Víctor Anchundia.