Jorge Yunda habría perdido sus derechos políticos

Las aspiraciones de Jorge Yunda por ser candidato a la Alcaldía de Quito, otra vez, quedaron diluidas la noche de este viernes, 19 de agosto. El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) le habría quitado sus derechos políticos, por lo tanto, no podría participar en la próxima contienda electoral.

El TCE habría ratificado la sentencia de primera instancia con la que el precandidato perdió sus derechos políticos, pero apeló con una serie de recursos.

Todo empezó tras la remoción de Yunda, cuando Santiago Guarderas, interpuso una denuncia por una infracción electoral muy grave.

Esto porque el exalcalde había incumplido la decisión del órgano de justicia electoral de julio del 2021, la cual ratificó lo actuado por el Concejo Metropolitano. Desde entonces, Yunda recusó a los jueces y apelado la decisión para alargar el caso.

“Cuantos intereses estaban en juego si me dejaban ser candidato, la democracia en el país no existe, entre gallos y media noche y en fin de semana me han quitado mi derecho a ser candidato pero le han quitado al pueblo el derecho a elegir, gracias Quito por el respaldo”, escribió el exburgomaestre en redes sociales, confirmando la noticia.

Fue en septiembre del año pasado, cuando Yunda abandonó definitivamente su cargo, luego de que una organización civil lo acusara por incumplimiento de funciones. Desde entonces, se dedicó a sus empresas. Sin embargo, en los últimos meses apareció en partidos de ecuavoley y se mostraba más activo en redes sociales.

El primer alcalde de Quito en ser removido volvió a la palestra pública tras anunciar su candidatura el pasado tres de agosto. Buscaba regresar al Municipio con Pachakutik, al que no es adherente, pero que lo eligió en primarias.

Sin embargo, sobre él no solo pesan procesos de índole electoral, sino también judicial. Es acusado por el presunto delito de peculado, por supuestas irregularidades en la compra de 100.000 pruebas PCR para covid-19 durante la pandemia. Lo que habría dejado un perjuicio de 2.5 millones, según confirmó la Contraloría General del Estado (CGE).