Judicatura y Fiscalía esperan información sobre revocatoria de visas a funcionarios

Las titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Consejo de la Judicatura (CJ) aseguraron a la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional que hay articulación entre las instituciones competentes, para investigar la presunta corrupción, relacionada con la revocatoria de visasestadounidenses a servidores de la función judicial.

La presidenta María del Carmen Maldonado y los vocales Juan José Morillo, Fausto Murillo, Maribel Barreno y Xavier Muñoz mantienen vigente su visa de ingreso a Estados Unidos. Los directores nacionales y provinciales de la Judicatura también deben reportar el estado de sus visas, informó este 14 de enero la institución.

Maldonado, titular del CJ, informó a los asambleístas que las coordinaciones se realizaron desde las primeras declaraciones del embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, relacionadas al retiro de visas a generales ecuatorianos, presuntamente vinculados con el narcotráfico. En este sentido, Maldonado solicitó información al embajador, al Ministerio de Gobierno, al presidente Guillermo Lasso y a la Cancillería, el 18 de diciembre del 2021.

“Servirá de indicio para poder realizar una investigación adecuada y, de ser el caso, llegar a sanciones administrativas o sanciones penales”, indicó el vocal del CJ, Juan José Morillo.

Santiago Peñaherrera, director general del CJ, explicó que durante la gestión de Maldonado se han registrado denuncias y procedimientos disciplinarios a servidores judiciales que derivaron en destituciones, muchos por actos de corrupción. “Que no quepa la menor duda que mucha de las visas que han sido revocadas por parte de la Embajada de Estados Unidos, corresponderían a servidores judiciales que el CJ (…) ha sancionado administrativamente y presentado las denuncias a la Fiscalía”, sostuvo.

Según el funcionario, la Judicatura está requiriendo más información para verificar si las visas se han revocado a servidores ya denunciados por otros casos o si se trata de otros servidores, para proceder con nuevas denuncias ante la Fiscalía. Además, la información solicitada a través de Cancillería permitirá contrastar con los datos del examen a las declaraciones patrimoniales juramentadas que efectúe la Contraloría. Pero si hay indicios de actos de corrupción se remitirá la información a la Unidad de Análisis Financieros, dijo.

El pasado 12 de enero, el contralor Carlos Riofrío dispuso el inicio de acciones de control a los jueces de la función judicial. Esta institución también examina las declaraciones patrimoniales de 25 generales de la Policía Nacional.

Sin embargo, que una embajada haya revocado la visa a un funcionario no implica necesariamente una sanción administrativa o responsabilidad penal, aclaró Peñaherrera.

Por su parte, la fiscal general Diana Salazar aclaró que “las entidades de control pueden analizar la información y en los casos en que se determinen posibles comisiones de delitos remitir a Fiscalía los documentos que sustenten su conclusión, a fin de iniciar, de ser pertinente, las investigaciones que correspondan”.

Los legisladores Geraldine Weber y Rodrigo Fajardo cuestionaron que la Fiscalía no actúe de oficio cuando existen declaraciones del embajador Fitzpatrick. Pero la fiscal refirió que una investigación de oficio se realiza cuando existe una base concreta, por lo que no se puede iniciar investigaciones previas en contra de todos los servidores de la función judicial.

En 2020 la Corte Constitucional (CC) declaró la inconstitucionalidad de la potestad para iniciar de oficio expedientes disciplinarios en relaciona al error inexcusable, negligencia manifiesta y dolo, eso “eso ha dado lugar a que esperemos las declaratorias jurisdiccionales previas en los casos de estas figuras” e incide en la lucha contra los casos de corrupción, puntualizó el vocal del CJ Fausto Murillo