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USD 26 millones para nueva política de cárceles

USD 26 millones para nueva política de cárceles

La nueva política pública de rehabilitación social fue aprobada de forma unánime por el Directorio del Organismo Técnico de Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Este hecho ocurrió la tarde de este lunes 21 de febrero del 2022.

La presidenta del Directorio, Bernarda Ordóñez, dijo que esta política pública tiene un enfoque de derechos humanos. Según la funcionaria, eso aspecto la diferencia de las otras que han existido en el país. El documento fue entregado este mismo lunes al presidente Guillermo Lasso.

Según Ordóñez, para construir esta política se realizaron alrededor de 98 reuniones con integrantes del organismo técnico, organizaciones de la sociedad civil, académicos, familiares de presos y con 2 600 personas privadas de la libertad. Además, se realizaron nueve visitas en diferentes cárceles y centros de adolescentes infractores.

“Esta política pública considera a las personas privadas de libertad como un grupo de atención prioritaria.  Se enmarca en realizar acciones urgentes que permitan una verdadera rehabilitación social y una efectiva reinserción social. Por eso, se trabajó directamente con los privados de libertad, para conocer sus necesidades”, indicó Ordóñez.

Para ejecutar los proyectos y acciones, la Secretaría de Derechos Humanos dijo que existe un presupuesto aproximado de USD 26 millones.

¿En qué consistirá?

Esta política consta de 12 ejes de trabajo “diseñados para satisfacer diferentes derechos, como la salud, educación, cultura, arraigo social, deporte, etc”, dijo Ordóñez.

Además, está compuesta de 308 líneas de acción, es decir, actividades concretas que debe cumplir cada ministerio del eje social y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).

Por ejemplo, en el eje de educación, una acción concreta es fomentar que los reos culminen sus estudios. En el eje de salud, en cambio, se busca brindar tratamiento a las personas que tienen tuberculosis y enfermedades catastróficas.

Esta política pública tiene una vigencia desde el 2022 hasta el 2025. Según Ordóñez cada línea de acción fue validada por los integrantes del Directorio del Organismo Técnico e instituciones internacionales como las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

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